Por Andrés F. Guevara B.
A sus 75 años, Silvio Berlusconi abandona nuevamente su cargo como premier de Italia. La nación sigue en crisis y no logra recuperarse del golpe causado por la deuda soberana, la anemia del euro, la desconfianza de los mercados y el clamor de los autodenominados indignados.
Ante esta desoladora fotografía se conforma un nuevo gobierno: la administración de Mario Monti. Este economista será el encargado de llevar el barco italiano a buen puerto, superar la crisis e implementar las reformas imperativas para que Italia se deslastre de la modorra que desde hace varios años la ha alejado del crecimiento económico y el liderazgo mundial.
La pregunta que debemos hacernos es la siguiente: ¿Podrá Monti lograr sus cometidos?
A pocos días de la conformación de su gobierno, Monti recibió una fría bienvenida. Varios medios de comunicación lo tildan despectivamente de “tecnócrata” y no faltan quienes aseguren que Monti vino a aplicar las recetas “neoliberales” que precisamente condujeron a la difícil situación que hoy atraviesa el continente europeo.
Algunos van más allá: señalan que es imposible que Monti tenga una buena administración porque al estar relacionado con corporaciones como Coca Cola o Goldman Sachs difícilmente desarrollará un gobierno alejado de los intereses capitalistas y cercano a los ideales de justicia social, redistribución e igualdad.
Entretanto, la constitución del gobierno de Monti incrementó las protestas sociales. Los indignados hacen más ruido, ocupan más plazas y su mensaje se difumina como gesto de irreverencia ante el sistema.
¿Es posible reformar a Italia con este escenario? Los indignados con su actitud y sus acciones plantean un escenario de ingobernabilidad. Frente a ello, carecen de propuestas concretas. Cuando se les pregunta cómo alcanzar el mundo más justo, humano y virtuoso por el que presuntamente luchan se limitan a decir: “Esa solución no la tiene nadie. Si alguien la tuviera, estaría todo el mundo tranquilo”.
Frente a esa actitud en la que extrañamente se entremezclan la antipolítica y la querencia de más Estado, políticos como Monti toman el riesgo de ensuciarse las manos, desarrollar políticas y programas de gobierno. El fracaso siempre será una posibilidad, pero la pasividad no es una opción si se quieren superar los escollos por los que atraviesa uno de los países más emblemáticos del viejo continente.
Monti obtuvo un voto de confianza en el parlamento para poder desarrollar reformas esenciales que incluyen modificaciones en el sistema de pensiones, enmiendas a la estructura tributaria, reducción del gasto público y cambios en el esquema de las políticas laborales. Adicionalmente, deberá batallar contra los escándalos de corrupción de la administración anterior y la siempre poderosa influencia que Berlusconi ejerce sobre la política italiana.
La situación de Italia poco difiere de la del resto de Europa. Grecia tal vez constituya el caso más emblemático, pero el resto de los países de la zona euro se ven forzados a adoptar medidas de austeridad y sacrificio para remontar la cuesta de derroche e irresponsabilidad que imperó durante años como política de Estado.
Dentro de este contexto, valdría la pena preguntarse hasta qué punto a los gobiernos les compete su cuota de responsabilidad y cuáles deben ser las medidas a tomar para limitar el proceder de estos. La ausencia de justicia –por la que muchos claman– se debe en gran parte a la anuencia de los burócratas en la producción de falsos espejismos que visualizan una sociedad idílica en la que el trabajo, el esfuerzo, y la responsabilidad individual se dejan a un lado para garantizar el bienestar de “todos”.
Monti deberá encarar retos muy difíciles. Pero más que destruirlo a priori merece un voto de confianza frente al caos. Es un gesto de mínima cortesía en una nación que se precia de ser civilizada.
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Artículo publicado originalmente en la revista Guayoyo en Letras.
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