Escolástica revolucionaria
Por Andrés F. Guevara B.
Se equivocan quienes pretenden abordar la nueva Ley Orgánica de Educación desde una perspectiva racional. Intentar ver lo bueno, lo malo, lo positivo y lo negativo de la norma recién sancionada constituye un error que le otorga legitimidad al proyecto político que hoy gobierna a Venezuela.
La Ley de Educación tiene que analizarse en su contexto. Debe ser estudiada en el plano de una sociedad totalitaria y dentro de un Estado comunista. Es precisamente en este punto donde nos abandona la razón y son los sentimientos los que comienzan a gobernar.
Nos preside la irracionalidad. Ningún ser, racionalmente, podía concebir que la Venezuela socialista del siglo XXI tuviese cabida. Sin embargo, allí esta. Rigiendo nuestros destinos desde hace más de una década. Su génesis se debe a la sinrazón, a la barbarie, a la pasión hecha furia.
Es en esa visión del Estado como un absoluto en la que debe comprenderse el papel que juega la ley. Sirve para el Estado, su ideología, su propósito. Basta que exista este fin supremo para que todo lo demás se venga abajo. De nada sirve entonces plantear la importancia y los beneficios de las presuntas “políticas sociales” que trae consigo la norma. Tampoco es dable utilizar como parapeto las posibles mejoras para los excluidos.
No es posible la imposición del Estado teniendo como contraparte la donación de un mendrugo. Esta es una guerra de ideas. La ideología de la libertad frente a la monología del comunismo.
La ciudadanía que difiere de la Ley de Educación tiene un gran reto por delante. Es evidente que en el plano de la irracionalidad la discusión, el diálogo y el debate no son posibles. Basta, por ejemplo, leer el texto de la norma y reparar en el “espíritu difuso” que posee la mayoría de su articulado. Un instrumento legal con semejante amplitud sólo puede emplearse para el control y la represión. Pierde el tiempo el legislador si lo que buscaba con semejante dilatación conceptual era la enumeración de los principios generales que deben regir a la educación, puesto que dichos principios –así sea maltrechamente– se encuentran esbozados en la Constitución.
Un parlamento que aprueba una ley sin mayor consulta, desconociendo el consenso de todos los factores de la sociedad, pone de manifiesto su ausencia de voluntad política para darle vida al pluralismo. Carece de sentido, en consecuencia, el estudio técnico, intelectual y académico de la ley. Poco importan la discrepancias y las observaciones que se tengan que hacer a los artículo uno, dos, tres o cincuenta y uno. La ley vale como un todo, porque el Estado lo es todo.
Reconocemos que los programas y contenidos de estudios tanto de las universidades y colegios obedecen a la vida económica del país. Salvo un puñado de intelectuales interesados en desarrollar su vida profesional en el ámbito académico, la mayoría de los egresados de las instituciones educativas tienen como objetivo ingresar al sector productivo de la nación, producir bienes y servicios, y vivir de la remuneración que dicha actividad les genera.
Quienes critican la situación actual de la educación en Venezuela argumentando que los programas de estudio obedecen a los intereses de la burguesía (entiéndase empresa privada), olvidan que el mayor empleador del país no es otro que el Estado. En consecuencia, es a esta superestructura, a sus intereses, a los que obedece la estructuración de la educación en Venezuela. Es la administración pública el principal nutriente del que se alimentan las personas que ingresan al mercado laboral formal. El sistema educativo, para que aquella pueda mantenerse en pie, debe someterse a sus necesidades y requerimientos.
En este planteamiento, resulta casi imposible, por no decir risible, que sea la empresa privada la encargada de crear las directrices de la educación venezolana. Difícilmente en nuestra sociedad puede el sector privado equiparar su influencia al poder del Estado. Y suponiendo que la empresa privada fuese más grande que el sector público, como sucede en algunos países, en modo alguno puede compararse el poder de los particulares frente a la pseudo omnipotencia que desarrolla quien detenta el control del Estado.
Esta estructura educativa se verifica cuando se analiza el dominio abrumador en términos porcentuales de la educación pública sobre la educación privada. Si el Estado venezolano controla directamente más del ochenta por ciento de la educación en Venezuela, ¿cuál puede ser su interés en desarrollar una ley que vigile el veinte por ciento restante?
Ley de Educación, teleológicamente, tiene como cénit destruir al individuo, su libertad, la posibilidad del librepensamiento. Los mismos objetivos que busca el gobierno bolivariano en su totalidad. El control absoluto del Gran Hermano. No puede aislarse la norma de su contexto. De allí su complejidad y peligro.
Iniciada la radicalización del socialismo ha llegado el momento de definiciones. Dependerá del resultado de esta confrontación ideológica no sólo el futuro del país, sino de cada una de nuestras vidas.
