Comunicar la estupidez

Comunicar la estupidez

Por Andrés. F. Guevara B.

Nadie niega la importancia de los medios de comunicación. En ellos se pone de manifiesto la libertad de expresión en su máxima exponencia. Podría decirse incluso que es a través de los medios que la libertad de expresión adquiere su dimensión social, masiva. Con ello no busco disminuir la importancia de la comunicación vis-à-vis en la que indudablemente la libertad de expresión también existe y se torna esencial para el adecuado desarrollo del ser humano.

Pero no es un grupete de viejos jugando ajedrez en el parque lo que preocupa al gobierno. Tampoco las gordas caminadoras que derrocan al régimen en La Lagunita lo que mueve el suelo de los comunistas que hoy gobiernan a Venezuela. Les preocupa, ni más ni menos, las “noticias” y la “información” que diariamente transmiten los medios de comunicación privados en Venezuela.

Llegados a este punto nos damos cuenta del foso en el que nos hallamos, del nivel de decadencia al que hemos descendido como sociedad. Cualquier ser que se preste de tener la cualidad de pensar, se dará cuenta de que los medios de comunicación dan lástima y tienen una responsabilidad insoslayable en relación con las circunstancias que hoy estamos padeciendo.

No es un secreto que Venezuela está estancanda. Sólo los temerarios y los que ya no tienen nada que perder apuestan a un país en el que no existen garantías. De allí que Venezuela sea el edén para la guerrilla colombiana, la mafia italiana, los separatistas vascos, los fanáticos del islam, así como para cualquier otra organización que pueda ser tildada de “bad boy” por el orden internacional.

Esa es la realidad, por dolorosa que sea. De nada sirven los llamados de “yo me quedo en Venezuela” proclamados por algunos jóvenes dirigentes y visionarios. Su idealismo, tristemente, no va en la misma dirección que el riesgo país. Y los inversionistas siguen los indicadores de Bloomberg y Standard & Poor’s, no la ilusión de lo que quisiéramos ser como nación.

Lo cierto es que el contenido de los medios de comunicación irrita al gobierno.

No puedo dejar de observar con preocupación esta afirmación. Dentro de la era del gobierno bolivariano ha surgido una nueva profesión: la de analista político. Es decir, un antiguo dirigente cuartorrepublicano, alcalde, gobernador o diplomático cuyas credenciales son pasadas por alto y, de manera misteriosa, se le acuña el oficio rimbombante de “analista”.

Estos sujetos, curiosamente, andan pronosticando el fin del gobierno desde el momento mismo de su constitución. Tamaña irresponsabilidad no puede ser pasada por alto. Pero existe algo peor, un aspecto del que el gobierno bolivariano y sus adeptos deberían estar agradecidos, cual niñita del Merici que celebra su azaroso camino hacia el grado de bachiller con una magna piscinada.

Los analistas han llegado a la conclusión de que los fines del gobierno venezolano son correctos. La equivocación se da en los medios que se emplean. Dicho de otro modo: el socialismo es válido como sistema para construir la sociedad, lo que no se quiere es un socialismo radical, sino un socialismo a la usanza “europea”. Ustedes saben, al estilo español, en el que las personas sólo piensan en ir de tapas, dejar jeringas en los parques y auspiciar el reconocimiento de los derechos de los desviados sexuales por obra y gracia del relativismo.

El reconocimiento del socialismo como discurso válido implica, de manera hipócrita, la aquiescencia de una opinión que socava la libertad y deja al hombre como un instrumento de algo indescifrable: el bienestar de la sociedad.

Sea por conveniencia, rating o share, los fines últimos de los bolivarianos han sido consentidos por los mass media criollos. Así, se despotrica al gobierno y se denuncia su proyecto progresista no por la convicción de sustituir una visión de país por otra, sino simplemente por el hecho de que sean otros quienes detenten el poder dentro del Estado Social.

Luce aterrador el peligro de la hegemonia comunicacional oficialista. Nadie quiere unos medios de comunicación ciclópeos. Mas en el fondo no debe olvidarse que los medios de comunicación privados en Venezuela, en su gran mayoría, constituyen oligopolios, y aplicando la sabiduría popular, cada quien tira para su lado.

Los dueños de los medios indican que ellos ofrecen lo que la gente quiere. Sabiamente entienden que la oferta y la demanda también se aplica para las televisoras. Radio Rochela y Aló, Ciudadano, tienen una audiencia que quiere ver esos programas. Sin espectadores no hay publicidad y sin publicidad no hay show.

El problema que se presenta con este argumento resulta devastador. Los medios se abren a lo “social” descaradamente y por puro pragmatismo. Y por la demanda de contenido “social” no permiten el paso a la difusión de la libertad. La conclusión es obvia: se piensa que el venezolano promedio no está listo para vivir en libertad.

Con esta premisa de fondo se clama por un “proyecto de país”. No hay frase más terrible que esta, porque con ella lo que se quiere escenificar no es otra cosa que la aparición de un constructor que sea capaz de “planificar” lo que quiere la sociedad. Planificación, misión, operativo. Tres palabras distintas que describen un mismo objetivo: control.

En esta hora menguada, en la que la audiencia siente como “suyas” las plantas televisoras y las estaciones de radio que los “representan”, no deja de ser curioso que los ciudadanos no sean dueños de dichos medios. Hace algunas semanas leí en algún espacio que sería más decoroso de parte de los dueños de los medios privados permitir a los interesados comprar acciones de los canales y las radios –así sean acciones clase “Z”–.

Con ello, Zuluaga no dejaría de ser el dueño de Globovisión. Tampoco perdería el control del canal. Sin embargo, ese gesto –populachero sin duda– sería más cercano a la idea de que el canal le pertenece a la “audiencia” que una burda propaganda en la que un viejito proclama que se quedaría sin vida si Globovisión desapareciese. Los accionistas podrían tener dividendos y semejante operación no pudiera equipararse a la toma de control por parte el pueblo (Estado) a través de las vías de hecho tan comunes en nuestra época.

La hegemonía comunicacional antilibertaria amenaza por todas partes y ningún creyente verdadero de las ideas de libertad puede llamarse al engaño. Preocupante es que el Estado haga tabla rasa con su poder omnímodo, del mismo modo que los medios privados se autocensuren por conveniencia y estadística.

Fue Albert Camus quien dijo que en la historia siempre habrá víctimas y victimarios, y que tocaba a los seres pensantes no ponerse jamás del lado de los últimos. Dadas las circunstancia actuales, todos sabemos cuál es el papel que juega la libertad en Venezuela y la tarea que tenemos, quienes nos ufanamos de pensar, de defenderla a toda costa.

Los fines frente a los medios

Los fines frente a los medios

Por Andrés. F. Guevara B.

Intenté quedarme callado ante la situación de Honduras. Nada tenía pensado escribir. Había que darle rienda suelta a los acontecimientos. Pero en vista de que el progresismo mediático venezolano e internacional no ha hecho más que condenar el “golpe de Estado” tomando como base una doble moral, surge la necesidad imperiosa de apartarse de la línea de opinión “políticamente correcta” y ofrecer respaldo al gobierno del señor Micheletti.

Este razonamiento se fundamenta en una cuestión crucial: el Estado de Derecho debe privar sobre la democracia. La democracia no es más que un instrumento para la toma de decisiones. Y si bien –hasta ahora- ha demostrado ser el sistema más idóneo para regular la vida en sociedad, no por ello está exento de fallas. Y esta “falibilidad” de la democracia no puede ir en contra de principios fundamentales, de derechos naturales que dotan al ser humano de su propia dignidad.

En Venezuela hemos visto cómo la democracia ha pisoteado el Estado de Derecho. El instrumento, la participación popular manifestada por el voto, ha sepultado las bases esenciales de cualquier manifestación de libertad y seguridad jurídica. La consecuencia no es otra que el miedo, la desesperanza, la autocensura, la incertidumbre hacia el porvenir. Honduras iba por el mismo camino… pero ya sabemos cuál ha sido la historia.

En un verdadero Estado de Derecho la separación de los poderes es un dogma esencial. No existe, ni por asomo, la preponderancia del Poder Ejecutivo en la toma de decisiones. De allí la imperiosa necesidad de salvaguardar a toda costa la independencia de los jueces y la seguridad de los miembros del parlamento.

El “drama mundial” que se ha generado por la deposición de Zelaya en el poder no se ha visto cuando el Poder Ejecutivo de cualquier país latinoamericano menoscaba a otro poder del Estado. ¿Por qué Oscar Arías no condena de forma tan enérgica la destitución de un juez en Venezuela por razones políticas? ¿Cuál es el motivo por el que Cristina Kirchner no se ofrece a viajar a Caracas con urgencia para reprobar las leyes que tienen por objeto destruir la propiedad privada en Venezuela?

“Es que se trata de una cuestión de soberanía de cada uno de los Estados”, es la respuesta más común. Es decir, que la soberanía sirve para irrespetar al Poder Legislativo o al Poder Judicial, pero no aplica para defender a un compañero del gremio presidencial. La conclusión es obvia: en Latinoamérica son escasos, por no decir nulos, los confesos “demócratas” que realmente aprecian el valor del Estado de Derecho.

Una de las consignas más empleadas por los voceros que condenan el golpe de Estado en Honduras consiste en afirmar que se ha retornado a la época de las repúblicas bananeras y las dictaduras militares. Al respecto, debo decir que el retroceso no se debe a Honduras. Basta con observar cuál es la situación actual en Venezuela y se constatará que nuestra nación se halla inmersa en una disyuntiva digna del siglo XIX, cuyo objeto fundamental es la oligarquía, los terratenientes, la economía de conuco y la venganza del proletariado.

Un panorama digno de denuncia por Charles Dickens. Pero esta imagen trae consigo un aspecto más desgarrador: la era del socialismo bolivariano ha traído consigo un retroceso considerable para la seguridad y la paz en la región. La ciudadanía se ve obligada a luchar contra el fenómeno reeleccionista de los presidentes, incluso por parte de líderes de tendencia conservadora (Uribe).

Cuando la discusión se da en este plano, entre la perpetuidad en el poder y el principio de alternancia, es lógico que se plantee un esquema digno de la guerra fría y no el debate de un Estado moderno. Tristemente, las ideas barbáricas no han sido superadas.

La democracia, para que realmente sea viable, debe estar precedida por el Estado de Derecho. De lo contrario, es un cascarón vacío. Venezuela, como república, no nació por el voto popular en 1811. Tampoco lo acaecido el 23 de enero de 1958. Nos guste o no, Alemania, Japón así como gran parte de las naciones europeas obtuvieron su “democracia liberal” como producto de la pax americana impuesta después de la segunda guerra mundial. Una democracia que, por cierto, cada día se ve más tambaleante gracias al “Estado de bienestar”.

Lo reprochable no son los medios, sino los fines. De allí que el golpe de Estado de Chávez el 4 de febrero de 1992 sea condenable: su objeto era constituir un sistema de gobierno comunista en Venezuela. Y, en efecto, lo está haciendo. Los estadounidenses, a través de una intervención armada, trajeron el Estado de Derecho a Europa. Y los europeos no parecen quejarse de ello. Su preocupación estriba en el hecho que sus costas no se llenen de africanitos hambrientos…

Quienes fustigan lo sucedido en Honduras, olvidan que el “malvado” Pinochet salió del poder gracias al soporte de las fuerzas armadas. Sabía don Augusto que no podía hacer fraude en la consulta porque el ejército no lo permitiría. ¿Qué hubiera pasado en el caso contrario? Lamentablemente, la visión orgásmica con la que los progresistas siguen viendo a los Castro en Cuba no ayuda a fortalecer la defensa del Estado de Derecho.

El milagro económico chileno se debió a la preponderancia que tuvo el Estado de Derecho. Estado de Derecho que incluso tuvo que imponerse por la fuerza. El costo fue la violación de los “derechos humanos”. Derechos que, por cierto, también son violados –y casi nunca condenados– por los regímenes vanguardistas, con la gran diferencia de que estos ni siquiera traen consigo prosperidad para sus pueblos.

El gobierno de Micheletti puede deslegitimarse en el camino, del mismo modo que sus acciones, siempre y cuando tiendan hacia la libertad, pueden dotarlo de legitimidad. Porque no necesariamente la legitimidad debe originarse en la democracia (voto popular), sino en la defensa de principios de derecho natural.

La doble moral con la que los analistas venezolanos han condenado lo sucedido en Honduras no es digna de elogio. Triste papel el que han desempeñado intentando permanecer neutrales y diplomáticos ante lo que acaece en un país vecino. Esa misma actitud anodina es la que ha conducido a que Venezuela esté llena de críticos del gobierno, pero de pocos actores realmente dispuestos a cambiarlo.

Quienes asumieron las riendas del gobierno en Honduras arriesgaron su reputación, carrera y credibilidad. Actitud muy distinta a la de los acomodaticios analistas de pacotilla que fustigan con sus opiniones el acontecer diario venezolano. Ojalá no se vean en algún momento en una posición semejante a la de los hondureños, defendiendo la libertad frente al progresismo mundial. Porque si algo está claro en Venezuela, es que la salida democrática a la crisis que vivimos se asemeja al espejismo de un inmenso desierto.